Reflexiones del Presente: Derecho, Sociedad y Seguridad en un Mundo en Transformación.

Resumen ejecutivo La sentencia de segunda instancia analizada —proferida por Consejo de Estado el 27 de febrero de 2026, en controversias contractuales— confirma que ciertos negocios celebrados para atender desastres o calamidad pública, cuando se relacionan directamente con respuesta, rehabilitación y reconstrucción, se rigen por reglas de derecho privado (Ley 1523 de 2012, art. 66). [1] En el caso concreto, la discusión se centró en si la ausencia de firma “tradicional” del ordenador del gasto en documentos electrónicos bastaba para negar el consentimiento contractual; la Sala concluye que, bajo el régimen aplicable, la firma no es el único medio posible para acreditar voluntad y autenticidad, y que la presunción de autenticidad se desvirtúa —si procede— mediante los mecanismos procesales pertinentes (p. ej., tacha de falsedad o desconocimiento). [2] La providencia, además, actualiza la condena aplicando el ajuste por IPC previsto en el CPACA y precisa que el pago se hará con cargo...