El Derecho como lente para entender el presente

 Resumen ejecutivo La Resolución 3461 de 2025 del Ministerio del Trabajo reemplazó el régimen clásico de comités de convivencia laboral (derogó las Resoluciones 652 y 1356 de 2012) y elevó el estándar: redefinió la conformación del comité según el tamaño de la planta, impuso un esquema “central + comités por centro de trabajo”, volvió mensuales las sesiones ordinarias y obligatorias las extraordinarias ante cada queja, fijó un procedimiento preventivo con límites temporales, y separó —de forma expresa— el trámite del acoso sexual/violencia por razones de género del ámbito del comité (por considerarlo no conciliable).  En paralelo, existe una demanda de nulidad ya admitida por el Consejo de Estado (según reportes públicos de prensa jurídica), con el argumento central de incompetencia/exceso en el ejercicio reglamentario por parte del Ministerio. Aun así, la admisión de una demanda no suspende por sí sola una norma general: en el derecho administrativo colombiano los actos...

RESUMEN EJECUTIVO La liquidación societaria no “borra” el riesgo tributario; lo  desplaza . Una vez inscrita la cuenta final de liquidación en el registro mercantil, la sociedad  se extingue  y, por regla general, ya no es jurídicamente viable continuar actuaciones de determinación o sanción  contra ese sujeto inexistente . Esa fue la tesis central del Concepto 002911 (int. 207) de 17 de febrero de 2025: no puede proferirse liquidación oficial o sanción contra una sociedad ya liquidada, aunque sí puede activarse la responsabilidad del liquidador y/o los socios (si se cumplieron condiciones estrictas de vinculación, deberes y título ejecutivo).  En agosto de 2025, la doctrina administrativa  matizó  el punto: el Concepto 013073 (int. 1243) sostuvo que, si los responsables solidarios o subsidiarios fueron debidamente vinculados desde la determinación y se garantizó su derecho de defensa y contradicción, sería posible  continuar  y expedi...

Resumen ejecutivo La sentencia de segunda instancia analizada —proferida por Consejo de Estado el 27 de febrero de 2026, en controversias contractuales— confirma que ciertos negocios celebrados para atender desastres o calamidad pública, cuando se relacionan directamente con respuesta, rehabilitación y reconstrucción, se rigen por reglas de derecho privado (Ley 1523 de 2012, art. 66). [1] En el caso concreto, la discusión se centró en si la ausencia de firma “tradicional” del ordenador del gasto en documentos electrónicos bastaba para negar el consentimiento contractual; la Sala concluye que, bajo el régimen aplicable, la firma no es el único medio posible para acreditar voluntad y autenticidad, y que la presunción de autenticidad se desvirtúa —si procede— mediante los mecanismos procesales pertinentes (p. ej., tacha de falsedad o desconocimiento). [2] La providencia, además, actualiza la condena aplicando el ajuste por IPC previsto en el CPACA y precisa que el pago se hará con cargo...